La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras siete meses invalidó diversos ejes de la política energética de la administración de Andrés Manuel López Obrador que fortalecía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que desplazaba a las energías renovables generadas por la iniciativa privada.
Esta política, impulsada por la Secretaría de Energía (Sener), generó una ola de amparos y controversias, que fueron resueltas el 3 de febrero pasado por la Segunda Sala de la Corte; con cuatro votos a favor y uno en contra, se invalidaron 22 puntos clave de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada en mayo de 2020.
La controversia 89/2020 fue presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que argumentó que la política violaba la competencia, que está protegida por la Constitución.
“El acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad (…) obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a Cofece”, dice el fallo.
Aunque no se invalidó del todo el acuerdo, el tribunal constitucional dijo que la CFE no podrá participar en la elaboración de lineamientos y criterios de confiabilidad para la planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, como decía el acuerdo.
Además, no podrá proponer proyectos estratégicos de infraestructura, que considere necesarios, para el servicio público de suministro eléctrico, como retiro de centrales eléctricas y programas para ampliar y modernizar las redes de transmisión y de distribución eléctrica.
También, la Corte invalidó que las empresas obtengan un dictamen de viabilidad emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para conectar plantas, considerando demanda, región, incluidas las energías renovables, que el gobierno denomina “intermitentes”, y que el operador eléctrico podría rechazar de forma discrecional.
Asimismo determinó que la seguridad de despacho eléctrico tiene preferencia sobre la eficiencia económica; también el Cenace no podrá instruir en cualquier momento la asignación y despacho de centrales eléctricas fuera de mérito.
Estos son los incisos de la política que invalidó: 3.8.4; 5.4; 5.7; 5.12; 5.12.1; 5.12.2; 5.12.3; 5.12.4; 5.12.5; 5.12.6; 5.12.7; 5.12.8; 5.12.9; 5.12.10; 5.12.11; 5.12.12; 5.13; 5.15; 5.23; 7.1; 8.4 y 10.2.
Esto es lo que no invalidó
Por una parte, la Corte respaldó el fortalecimiento de planificación estratégica de CFE y sus empresas subsidiarias y filiales, y además validó que pueda elaborar una propuesta de planeación de programas de ampliación y modernización de sus redes eléctricas.
También ‘palmeó’ el apartado de Nuevos Servicios Conexos vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional, necesarios para garantizar su calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad.
La política de confiabilidad fue publicada el 15 de mayo pasado sin pasar por el proceso necesario ante la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer). Con ello, la Sener pretendió ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la CFE y limitar los permisos para plantas eólicas y solares, así como modificar algunos de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
La política energética de la 4T acumuló más de 70 solicitudes de amparo de compañías privadas y organizaciones.
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